Estados Unidos tiene la intención de promover la disolución efectiva de la Corte Penal Internacional (CPI). Así lo declaró el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, según informa tsn.ua citando las palabras del diplomático.
Según Rubio, Washington planea emplear la presión diplomática y las sanciones para aislar progresivamente a la CPI en el ámbito internacional. Además, la parte estadounidense tiene previsto persuadir a otros países para que retiren su apoyo a esta institución.
Qué hay detrás de la decisión de Washington
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma —el tratado fundacional de la CPI— y tradicionalmente ha mantenido una postura escéptica frente a la actividad del tribunal. Sin embargo, la posición actual de la administración es significativamente más dura en comparación con años anteriores: ya no se trata de un mero distanciamiento, sino de esfuerzos deliberados para socavar la propia existencia de la institución.
La decisión de Washington se intensificó en el contexto de que la CPI emitió órdenes de arresto contra personas vinculadas a conflictos en los que Estados Unidos tiene intereses estratégicos. Esto genera tensiones entre la parte estadounidense y el mecanismo internacional de justicia.
El uso de sanciones como instrumento de presión sobre instituciones internacionales ya había sido empleado anteriormente por Estados Unidos. En particular, durante el primer mandato de Donald Trump, la parte estadounidense impuso medidas restrictivas contra funcionarios de la CPI. Ahora, a juzgar por la retórica de Rubio, la administración está dispuesta a ir aún más lejos.
Reacción de la comunidad internacional
La postura de Washington genera preocupación entre los Estados miembros de la CPI, que subrayan la importancia de una justicia internacional independiente. Cualquier presión sobre el tribunal por parte de grandes potencias puede erosionar la confianza en él y dificultar la investigación de crímenes cometidos en zonas de conflicto armado en todo el mundo.
La CPI es el único órgano permanente de justicia penal internacional y conoce casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Su jurisdicción es reconocida por más de 120 países.
Por el momento, no ha llegado ninguna reacción oficial por parte de la dirección de la CPI ante las declaraciones de Rubio. La situación sigue siendo el centro de atención de los círculos diplomáticos y las organizaciones de derechos humanos.