Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y contra el abogado principal de la institución, Abdoulaye Sèye. El anuncio lo realizó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
La decisión de la administración estadounidense representa un nuevo escalón en el enfrentamiento de Washington con la CPI. Las sanciones contemplan la congelación de activos y restricciones de entrada a Estados Unidos para las personas incluidas en la lista correspondiente.
Reacción de la Corte Penal Internacional
La CPI respondió a las medidas estadounidenses con una dura crítica. La institución declaró que las sanciones impuestas socavan el Estado de derecho y la independencia de la justicia internacional. El tribunal subrayó que la presión ejercida por determinados Estados no afectará a su funcionamiento ni al cumplimiento de su mandato.
Tomoko Akane es una jurista japonesa que ocupa la presidencia de la CPI. Abdoulaye Sèye es el abogado principal del tribunal. Ambos figuran en la lista de sanciones y están directamente vinculados al trabajo de la institución, que investiga crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de genocidio.
Contexto: EE. UU. y la CPI
Las relaciones entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional han permanecido tensas durante un largo período. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma —documento fundacional de la CPI— y tradicionalmente ha mantenido distancia respecto a la jurisdicción del tribunal.
La tensión se intensificó notablemente después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra diversas personas cuya actividad se cruza con los intereses o aliados estadounidenses. La imposición de sanciones personales contra funcionarios del tribunal es uno de los pasos más contundentes que Washington ha adoptado frente a esta institución internacional.
Las medidas de la administración estadounidense han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y parte de los aliados de EE. UU., quienes las consideran una amenaza para la independencia de los mecanismos jurídicos internacionales. Por su parte, quienes respaldan la postura firme de Washington sostienen que la CPI excede sus competencias.
Por el momento, la CPI no ha comentado de qué manera las sanciones afectarán al trabajo práctico del tribunal y de sus funcionarios.