El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto ejecutivo con el objetivo de limitar la ciudadanía automática que la Constitución estadounidense reconoce a toda persona nacida en territorio nacional. La medida retoma una de las iniciativas más polémicas de su agenda migratoria y apunta directamente a lo que su administración denomina «turismo de maternidad».
Con este término, la Casa Blanca se refiere a la práctica de mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país y así garantizar la ciudadanía estadounidense a sus hijos. Trump ha insistido en que esta situación supone un abuso del sistema legal y ha prometido ponerle fin desde su primera etapa en la presidencia.
Un choque directo con la Constitución
El principal obstáculo de esta iniciativa es la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, que establece de forma explícita que todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanas del país. Cualquier intento de modificar o reinterpretar esta disposición mediante un decreto ejecutivo enfrenta serias dudas jurídicas y previsiblemente será impugnado ante los tribunales.
De hecho, durante el primer mandato de Trump ya se exploraron medidas similares que no llegaron a prosperar por la resistencia judicial. Los expertos constitucionalistas advierten de que alterar el alcance de la Decimocuarta Enmienda requeriría una reforma constitucional, un proceso largo y complejo que exige amplias mayorías en el Congreso y la ratificación de los estados.
Reacciones y contexto migratorio
La decisión se enmarca en una política migratoria más amplia que la administración Trump ha empujado desde el inicio de su segundo mandato, con medidas que incluyen el refuerzo de controles fronterizos y restricciones a diversas categorías de visados. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado el decreto y anunciaron que estudiarán las vías legales disponibles para frenarlo.
Por el momento, el impacto real de la orden ejecutiva dependerá en gran medida de la respuesta de los tribunales federales, que en el pasado han bloqueado iniciativas similares antes de que pudieran aplicarse. La polémica sobre la ciudadanía por nacimiento vuelve así a situarse en el centro del debate político y jurídico en Estados Unidos.