Montenegro elimina la inmunidad por corrupción
Por Ukraina Hoy
Montenegro da un paso histórico contra la impunidad de sus funcionarios públicos.
El Parlamento de Montenegro aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional que elimina la inmunidad del presidente y los miembros del gobierno en casos de corrupción. Los diputados adoptaron esta decisión hoy.
El respaldo unánime a la reforma refleja un amplio consenso entre los distintos partidos en torno a la lucha contra la corrupción en los más altos niveles del poder estatal. A partir de ahora, los altos cargos del Estado no podrán ampararse en la protección constitucional en caso de ser sospechosos o acusados de delitos de corrupción.
Un paso hacia la integración europea
Montenegro es país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y las cuestiones relacionadas con el estado de derecho y la lucha contra la corrupción siguen siendo criterios fundamentales en el proceso de negociación. La reforma de las disposiciones constitucionales orientada a limitar los privilegios de los funcionarios públicos se ajusta a las exigencias de la UE en materia de rendición de cuentas del poder público.
La eliminación de la inmunidad del presidente y los miembros del gobierno en asuntos de corrupción constituye una señal importante para los socios internacionales del país. Estas medidas buscan reforzar la independencia del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad, que ahora tendrán más facilidades para investigar posibles abusos entre los representantes de las más altas esferas del poder.
Cabe señalar que la propuesta aprobada se refiere precisamente a una enmienda constitucional, por lo que deberá seguir los procedimientos legislativos previstos para las reformas de este rango. Los detalles sobre los mecanismos concretos de aplicación de las nuevas disposiciones no han sido precisados por el momento.
Montenegro lleva tiempo enfrentándose a desafíos en el ámbito del estado de derecho, en particular a problemas de corrupción y crimen organizado, que han sido objeto de críticas reiteradas en los informes de la Comisión Europea. El paso dado este año por el Parlamento podría representar un avance real en estas materias, aunque el resultado final dependerá de la aplicación práctica de las nuevas normas constitucionales.
Cabe esperar que esta iniciativa atraiga la atención tanto de observadores nacionales como internacionales, interesados en el fortalecimiento efectivo de las instituciones anticorrupción en el país.