Tribunal anticorrupción detiene al fiscal Kropiva hasta noviembre
Por Ukraina Hoy
El tribunal anticorrupción ucraniano ordena la detención del fiscal Kropiva hasta noviembre.
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (VAKS) ha impuesto la prisión preventiva al fiscal Serhiy Kropiva hasta el 2 de noviembre. El tribunal también fijó una medida alternativa: una fianza de 120 millones de grivnas, que permitiría al imputado evitar el centro de detención.
Kropiva es la figura central de la operación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) bajo el nombre en clave «Cartago». Según la investigación, es sospechoso de haber participado en la protección de call centers fraudulentos que causaron pérdidas económicas a ciudadanos.
Los detalles del caso se van revelando de forma progresiva. El NABU llevó a cabo la operación en el marco de la cual se establecieron vínculos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad y estructuras ilegales dedicadas al fraude telefónico. Kropiva, de acuerdo con la investigación, habría utilizado su cargo para proporcionar «cobertura» a dichas organizaciones, permitiéndoles eludir la justicia.
La decisión del VAKS de ordenar la detención indica que el tribunal aceptó los argumentos de la fiscalía en cuanto al riesgo de fuga del sospechoso o de una posible interferencia en el curso de la investigación. Al mismo tiempo, el elevado importe de la fianza —120 millones de grivnas— hace prácticamente imposible su rápido pago para la mayoría de los imputados en casos similares.
La operación «Cartago» se ha convertido en uno de los casos anticorrupción de mayor repercusión de los últimos meses, ya que afecta directamente al sistema de los cuerpos de seguridad. La implicación de un fiscal en activo subraya la magnitud del problema y la disposición de los organismos especializados para hacer frente a la corrupción dentro del propio sistema.
La investigación continúa en curso. Los próximos pasos procesales dependerán de si el sospechoso o su defensa logran abonar la fianza, así como del desarrollo de la instrucción previa al juicio. El NABU y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP) siguen recopilando pruebas.
El caso está bajo el seguimiento de la opinión pública y de organizaciones de derechos humanos, que observan cómo las instituciones anticorrupción ucranianas gestionan la investigación de abusos cometidos en sus propias filas.