La Oficina Estatal de Investigaciones no había recibido ninguna información sobre posibles torturas en el 425.º Regimiento de Asalto Independiente «Skela» —ni del mando militar ni de otras estructuras de seguridad— hasta la publicación del reportaje de investigación del medio «Babel». Así lo declaró el representante de la institución, Sukhachov.
Según sus palabras, antes de la publicación del reportaje, la oficina solo disponía de denuncias presentadas por las víctimas. Fue precisamente a partir de esas denuncias que se llevaron a cabo las correspondientes actuaciones procesales. Sin embargo, no llegó a la DBR ninguna información sistemática procedente de organismos especializados o del mando que pudiera apuntar a un panorama más amplio de los hechos.
El reportaje del medio «Babel», que desencadenó una fuerte repercusión social, contenía datos sobre el presunto uso de violencia y torturas contra militares en dicha unidad. Tras su publicación, la situación adquirió notoriedad pública, lo que, al parecer, impulsó a la institución a reaccionar de manera más activa.
La investigación avanzaba, pero sin datos clave
Las palabras de Sukhachov confirman en la práctica que, a pesar de que ya se estaban tramitando ciertos procedimientos a raíz de las denuncias de las víctimas, el panorama general de posibles violaciones sistemáticas en el regimiento permanecía fuera del radar de la institución. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de los canales de transmisión de información entre las distintas estructuras: militares, policiales y órganos de supervisión.
La situación en torno al regimiento «Skela» vuelve a poner el foco en el problema de la protección de los derechos de los militares en tiempos de guerra. Las denuncias individuales de las víctimas que, según la DBR, sí fueron recibidas, evidentemente no conformaron un cuadro general suficiente para una respuesta sistémica, al menos hasta que los periodistas publicaron los materiales recopilados.
Por el momento, la oficina no ha precisado qué medidas adicionales se adoptarán a raíz de las nuevas circunstancias conocidas tras la publicación. Las investigaciones iniciadas anteriormente sobre la base de las denuncias individuales continúan en curso.
Este caso demuestra una vez más el papel del periodismo independiente en la detección de problemas que no siempre llegan al conocimiento de los organismos estatales competentes a través de los canales oficiales.