El Gobierno de Venezuela ha dado un paso formal y definitivo para separarse de la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller venezolano, Félix Plasencia, confirmó que se ha notificado oficialmente a las Naciones Unidas la decisión de retirarse del organismo, calificándola de firme e «irrevocable».
Con este movimiento, Venezuela activa el procedimiento establecido en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que obliga a los Estados que deseen abandonar el tribunal a notificarlo formalmente al Secretario General de la ONU. Una vez cursada esa notificación, el proceso de salida se completa tras un periodo determinado según las normas del propio estatuto.
Un distanciamiento que venía de lejos
La relación entre Caracas y la CPI ha sido tensa durante años. El tribunal con sede en La Haya había abierto una investigación formal sobre la situación en Venezuela, centrándose en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la represión de protestas y en el sistema penitenciario del país. El Gobierno venezolano siempre rechazó esa indagación y la calificó de injerencia política motivada por intereses externos.
La decisión de retirarse no es completamente nueva en la región. Brasil, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, también tanteó esa posibilidad, aunque no llegó a concretarla. Burundi, por su parte, se convirtió en el primer país en abandonar efectivamente la CPI, en 2017, en medio de una investigación similar.
Implicaciones del retiro
Desde el punto de vista jurídico, la salida de Venezuela de la CPI no elimina automáticamente la competencia del tribunal sobre los hechos presuntamente cometidos mientras el país era Estado parte. La CPI puede, en principio, mantener su jurisdicción sobre eventos ocurridos antes de que el retiro sea efectivo, lo que convierte este paso en un gesto con alto valor político, pero de alcance legal más limitado del que pudiera parecer.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos observan con atención este desarrollo. Para los sectores críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, el retiro representa un intento de eludir la rendición de cuentas ante la justicia internacional. Para Caracas, en cambio, supone el ejercicio legítimo de su soberanía frente a lo que describe como un organismo parcial.
La notificación a la ONU marca el inicio formal del proceso, cuya conclusión quedará sujeta a los plazos previstos en el Estatuto de Roma.