El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado una ley que permite a las autoridades embargar bienes de ciudadanos rusos que viven fuera del país y sean acusados de cometer infracciones administrativas “contra los intereses de Rusia”.
La medida puede afectar a rusos que abandonaron el país y que, desde el extranjero, critican al Kremlin, la guerra contra Ucrania o al Ejército ruso. Entre los bienes que podrían ser embargados se incluyen viviendas, vehículos, cuentas bancarias, dinero y otros activos situados en Rusia.
Según medios independientes rusos, las infracciones contempladas incluyen la llamada “desacreditación” del Ejército ruso, los llamamientos a imponer sanciones contra Rusia, la participación en organizaciones consideradas “indeseables” por Moscú o la difusión de materiales calificados como “extremistas”.
El embargo se aplicaría como medida cautelar dentro de procedimientos administrativos. Uno de los puntos más polémicos es que el valor de los bienes embargados no tendría que limitarse al importe de la multa impuesta, lo que abre la puerta a retener propiedades de gran valor por sanciones administrativas mucho menores.
La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026. Con esta norma, Rusia amplía su capacidad para perseguir a ciudadanos que se encuentran fuera del país, especialmente a quienes se marcharon tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania y mantienen una postura crítica con el régimen.
Organizaciones y medios críticos con el Kremlin consideran que esta medida refuerza la presión sobre la diáspora rusa y crea un nuevo mecanismo de intimidación contra quienes siguen denunciando la guerra y la represión política desde el extranjero.